En el campo de la política exterior, tenemos la controversia suscitada con Guatemala. Gobernaba a la República de Guatemala Justo Rufino Barrios, de ingrata memoria, quien, como todo tiranuelo, desviaba el descontento que producía su mala administración con actitudes expansionistas y demagógicas.
Ansioso de poder y popularidad y mal aconsejado por grupos antimexicanos, trataba de afianzar su dictadura con el apoyo del gobierno norteamericano. Justo Rufino Barrios reclama a México, a base de una interpretación absurda de la historia de las relaciones entre los dos países, y con una argumentación jurídica totalmente inválida, la devolución de las provincias de Chiapas y Soconusco que desde el mes de septiembre de 1824 habían declarado, a base del libre principio de autodeterminación de los pueblos, anexarse a México y formar parte de la República mexicana como un estado más de nuestra federación, deseo que ratificaron con posterioridad a 1838, cuando se disolvió la República de Centroamérica, habiendo en 1840 pedido Soconusco su reincorporación a Chiapas y por tanto a México, lo cual fue aceptado por el Congreso. Más aún, en los años 1877 y 1879, Guatemala se comprometió a que comisionados de los dos países realizaran una serie de trabajos destinados a fijar con exactitud los límites entre las dos repúblicas, evitar el paso ilegal de uno a otro país, evitar la comisión de delitos en esa zona fronteriza, principalmente el paso de grupos armados merodeadores que ocasionaban frecuentes daños en las poblaciones mexicanas. México estaba interesado en contener también la intromisión de ingleses por el territorio de Belice y evitar que Gran Bretaña siguiera incitando a los indios de Yucatán y Quintana Roo a la rebelión.
Barrios deseaba reconstituir la unidad centroamericana a base de anexiones y para ello quería ocupar Chiapas y Soconusco como principio de anexarse después Costa Rica y El Salvador, que se opusieron a sus designios. Para realizarlo, pulsó al gobierno norteamericano, encabezado por el presidente J. A. Garfield, quien tenía como encargado del Departamento de Estado a James Blaine, que favorecía una política expansionista. Los Estados Unidos vieron con buenos ojos los deseos de Barrios, que solicitaba su ayuda, pues eso le permitía intervenir más hondamente en Centroamérica.
Fue en su mensaje presidencial del 16 de septiembre de 1881 cuando el presidente [Manuel] González dio a conocer a la nación las dificultades con el vecino país, acerca de lo cual encontró apoyo en el Congreso, que declaró por boca de su presidente: “La Representación Nacional aprueba los esfuerzos que el Poder Ejecutivo ha hecho para llevar a buen término y procurar solución honrosa a situación tan punible y puede estar seguro de que en ese sentido, así como en el sentido de la dignidad y del derecho de la República, contará siempre con el decidido apoyo del Poder Legislativo”.
Ignacio Mariscal, quien dirigía las relaciones exteriores, recibió de parte del ministro de los Estados Unidos en México, Philip H. Morgan, una comunicación en la que éste le informaba que su gobierno, atendiendo la petición guatemalteca, había creído conveniente actuar como consejero desinteresado en la diputa con Guatemala, pues estaba convencido “de los peligros que correrían los principios que México ha defendido tan señaladamente y con tan buen éxito, si viera con desprecio los límites que la separan con sus vecinas más débiles, o si se recurriera al uso de la fuerza para ejercer derechos sobre un territorio en disputa, sin la debida justificación de títulos legítimos…” El secretario [Ignacio] Mariscal, al informarse de las pretensiones norteamericanas, respondió que México no aceptaba ni siquiera discutir los derechos que tenía sobre Chiapas y Soconusco, los cuales integraban libremente la federación y que tampoco creía aceptable admitir la actuación de un árbitro en ese asunto que no lo requería.
Como al poco tiempo el presidente Garfield fue asesinado, le sucedió Chester Arthur quien nombró como secretario de Estado a Frederick Frelinhuysen, llevando ambos una política más conciliatoria. México, por otra parte, destacó a Marías Romero, hombre que gozaba de influencia y estima en los Estados Unidos y el cual, ligado por amplia amistad con el general Grant, convenció tanto a la opinión pública cuanto a los políticos yankis, de la justicia de México y de las desmedidas ambiciones de Barrios. Este, pese al envío de su canciller, Lorenzo Montúfar, y del viaje que él mismo hizo a Washington, no logró que los Estados Unidos impusiesen a México su intervención como árbitro en una disputa improcedente. Más aún, aceptó, no del todo convencido, pues más tarde crearía nuevas dificultades, firmar con Romero, quien estuvo debidamente acreditado, una convención preliminar en la que se indicaba que “la República de Guatemala prescinde de la discusión que ha sostenido acerca de los derechos que le asistan al territorio de Chiapas y su departamento de Soconusco”. México evitaba así no sólo perder una porción de su territorio, sino también someterse a la intervención de un extraño en una disputa injusta. La posición de México quedó bien sentada y el gobierno de [Manuel] González obtuvo por ello el apoyo de la opinión pública.
(Tomado de: Torre Villar, Ernesto de la - Inicio del porfirismo. Historia de México, tomo 10, Reforma, Imperio, República. Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V. México, 1978)
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