La organización de la CROM

 La organización

Desde el punto de vista formal, la CROM [Confederación Regional Obrera Mexicana] representaba todas las características de una organización democráticamente constituida. Su unidad básica era el sindicato de oficio, es el que se agrupaba los trabajadores de un ramo o de una fábrica. En el segundo nivel se hallaban las federaciones locales de una ciudad o de una región en que se producía principalmente una cosa. Estas federaciones integraban una federación estatal en cada entidad de la República. Por otra parte, la CROM emprendió la creación de federaciones industriales nacionales por oficios, logrando formar cuatro de éstas: Artes Gráficas, Obreros Portuarios, Ferrocarriles y Trabajadores de los Teatros. 

En teoría el ejecutivo de la CROM; es decir: su comité central, no debía ocuparse de otra cosa que de llevar a la práctica las decisiones de los congresos anuales. El párrafo que sigue es típico de la opinión que oficialmente representaban tanto Los líderes de la organización como sus propagandistas: 

Las bases de organización que se dio la CROM durante su primer año de vida resultaron ser psicológicamente sólidas, porque el carácter individualista del mexicano no admite mucho control desde arriba. Desde el punto de vista de su estructura interna, la CROM está armada internamente en forma menos compacta que, por ejemplo, el Trades Union Congress de La Gran Bretaña. Los sindicatos afiliados gozan de completa libertad para organizarse como mejor les parezca, con la única condición de que acepten las teorías generales del movimiento obrero. 

En la realidad las cosas eran muy distintas, como lo advirtieron algunos observadores extranjeros. En razón de su profunda participación en la política, las decisiones importantes de la CROM permanecían por lo general en secreto casi nunca eran reveladas ni siquiera a sus más altos funcionarios. 

El organismo interno que en la práctica tomaba las decisiones importantes era el conjunto de personas conocidos como Grupo Acción. Era encabezado por [Luis N.] Morones y lo integraban los socios de confianza del líder. No todos los dirigentes de la CROM formaban parte del Grupo Acción, que sólo en raras ocasiones tuvo más de veinte miembros; algunas figuras de gran influencia, como por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, nunca fueron miembros de este grupo, lo cual dio origen a muchos rencores y resentimientos contra Morones. La función del Grupo Acción era

…controlar todas las comisiones en los sindicatos y los puestos de elección popular, y para conseguirlo se dieron a la tarea de formar localmente y en cada sindicato un grupo con la misma denominación. 

Organizados en esa forma, los más listos y preparados se adueñaron de los puestos más jugosos que les rindieran mejor utilidad, y a los incondicionales, a cambio de un puesto inferior... se les comisionó para hacer escándalos, discutir y oponerse a todas las proposiciones que en los sindicatos se hicieron en contra del llamado grupo. La circulación de panfletos, libros y periódicos en que se atacaba a los líderes fue prohibida, y a todos los "enemigos" se les calificaron de "católicos" o de "rojos”.

En Puebla, por ejemplo, el Grupo Alpha procuró desde el principio ser la imagen fiel del Grupo Acción de la Ciudad de México.

Es evidente que la mayor parte de las maniobras políticas delicadas que hizo la CROM durante el gobierno de Calles fueron planeadas y discutidas por el Grupo Acción. El corolario de esta política fue la casi absoluta falta de información concreta sobre asuntos tales como la actitud de la organización hacia la táctica reeleccionista de Obregón. Cuando en 1928 se derrumbó la influencia política de la agrupación, en medio de la confusión surgida por el asesinato de Obregón, Lombardo Toledano y otros se apresuraron a acusar a Morones de realizar una especie de "diplomacia secreta" por encima de los dirigentes de la organización, diplomacia que consistía en el sacrificio de los mayores intereses de la clase obrera del país en aras de las egoístas luchas de facción. Morones fue obligado a presentar un informe que puso en evidencia la eficacia con que había logrado ocultar el curso y los resultados de su negociaciones con el gobierno.

(Tomado de Carr, Barry - El movimiento obrero y la política en México 1910-1929 ll. Secretaría de Educación Pública, Colección SepSetentas, #257, México, Distrito Federal, 1976)

Convenio privado entre Álvaro Obregón y la CROM, 1919

Pacto secreto o convenio privado 

Puntos que, con el carácter de convenio privado, se presentan al C. Álvaro Obregón, como candidato de la clase obrera para ocupar la presidencia de la república. 

I. Nuestro deseo es que exista un ministerio especialmente para resolver todo lo relacionado con los intereses de los trabajadores, que se titule Ministerio de Trabajo, y que éste esté a cargo de persona identificada con las necesidades morales y materiales de los mismos.

II. Que mientras se lleva a efecto la iniciativa del punto Primero, sea nombrada una persona que tenga la identificación que señala el mismo punto, para que ocupe la cartera de Industria, Comercio y Trabajo. 

III. Que en la Secretaría de Agricultura y Fomento se dé cabida a un elemento suficientemente apto en el ramo, y que ese elemento le sean atendidas todas las indicaciones razonadas que sobre tal respecto haga. 

IV. Que para el nombramiento de las personas que señalan los puntos I, II y III se tome en consideración la opinión de los representantes del Partido Político que se formó a iniciativa de los suscritos; siendo condición para aquellos que reúnan las facultades propias para el desempeño del empleo. 

V. Que tan luego como esté aprobada la Ley del Trabajo, su promulgación sea inmediata, poniendo el Poder Ejecutivo de la Unión todo lo que esté en su parte para el mejor cumplimiento de la misma.

VI. Que se reconozca la personalidad legal al Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana para tratar directamente con el Ministerio de Trabajo, o en su defecto con el Poder Ejecutivo de la Unión, todos los asuntos relacionados con las agrupaciones de la República. 

VII. Que designe por lo menos un día de cada semana para efecto del punto anterior, salvo casos excepcionales que de suyo indicarán aquella necesidad. 

VIII. Que se den la facilidades necesarias para que puedan llevarse a la práctica todos los acuerdos tendientes a labrar el bienestar y progreso cultural de los trabajadores, a que han llegado en los Congresos Obreros efectuados en las ciudades de Saltillo, Coah.,  y Zacatecas, Zac., así como para los que se tomen en Congresos futuros. 

IX. Que se tomen en consideración las opiniones de los representantes de la organización Obrera del país, cuando se trate de llevar a cabo, por parte del Ejecutivo, reformas o procedimientos de interés general. 

X. Que se den las facilidades necesarias para la propaganda y organización obreras en el país. 

XI. Que se dé las facilidades necesarias para la propaganda de unificación obrera en el exterior de la República, con objeto de estrechar las relaciones de pueblo a pueblo, y así poder conjugar cualquier peligro internacional que pueda surgir. 

México, agosto 6 de 1919 

Álvaro Obregón    José F Gutiérrez 

Samuel O. Yúdico Ezequiel Salcedo 

Salvador Álvarez      Celestino Gasca 

Luis N. Morones      Eduardo Moneda 

Juan B. Fonseca Reynaldo Cervantes Torres 

Adalberto Polo José López Cortés

(Tomado de Carr, Barry - El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, ll. Secretaría de Educación Pública, Colección SepSetentas, #257, México, Distrito Federal, 1976)

Mando de un solo hombre

Mando de un solo hombre:

¿OBSOLETO? ¿PRÁCTICO Y MODERNO?

No hay fórmulas pacíficas ni afables para salvar el presidencialismo como hasta ahora se ha practicado en México. Es un método que no necesariamente desaparecerá pero que si, se pretende que siga en vigor, demandará una dosis masiva de autoritarismo, la que podría o no acarrear conflictos sociales, en la inteligencia de que aún así el procedimiento se modificaría sustancialmente.

¿Debe el próximo presidente mantener el dominio sobre el poder legislativo -y que por favor nadie hable de "aceptación razonada" por parte de los congresistas del PRI, pues nadie recuerda que una iniciativa de ley enviada de Palacio recibiera una votación en contra- y poder mandar a un abogado de sus confianzas para encabezar el poder judicial?

El "no" salta instintivamente a los labios, pero el tema requiere algo más de análisis. En estos últimos años del siglo XX, los teorizantes que hablan en contra del mando supercentralizado casi no tienen nada nuevo que añadir, pero los que opinan favorablemente dicen tener de su lado "experiencias históricas recientes", señalan a las Cuatro Hermanitas de Asia (Corea del Sur, Formosa, Hong Kong y Singapur) como ejemplos de países bien manejados y prósperos, y subrayan que cada uno de ellos tiene un gobierno de "mano firme"; de allí continúan a la llamada Tesis de Heinlein, según la cual "una sociedad industrial verdaderamente progresista es incompatible con una democracia verdadera y operante".

Robert Heinlein, un escritor de ficción científica que prefiere imaginarse variantes sociales en vez de jugar con rayos mortales y naves interestelares, no explica muy claramente el por qué de su afirmación pero se apoya un poco en la capacidad destructiva de las tecnologías y presenta una afirmación en seco, muy manuable para los debates no muy rigurosos.

Para quienes gustan de citarlo, sin embargo, el inconveniente es que con igual informalidad los partidarios de un sistema de frenos y contrapesos que aminore el poderío personal absoluto tienen para escoger, en México, ejemplos que van desde el absurdo risible hasta la tragedia negra: familiares y amistades designados en puestos de gabinete; amigos y amigas enriquecidos a lo tonto por medio de concesiones y contratos y negocios escandalosos; congresos que de pie vitorearon y aplaudieron a rabiar la primera gran devaluación de Echeverría y la "mexicanización" de la banca de López Portillo, para no hablar del día en que el candidato supuestamente amarrado, Mario Moya Palencia, recibió una ovación de los diputados por haberse presentado en el "augusto recinto" acompañado de Goyo Cárdenas, un célebre estrangulador de mujeres "rehabilitado". La broma de "es la hora que usted diga, señor presidente" tiene entre nosotros poca gracia, porque nos toca el nervio de la vergüenza ajena que nos dan los quinientos casos de abyección, indignidad y servilismo que cada uno puede mencionar.

Ciertamente un mandatario que tuviera la firme voluntad de impedir los actos de lambisconería podría lograrlo -lo consiguieron en sus respectivos periodos don Adolfo Ruiz Cortines y el licenciado Gustavo Díaz Ordaz-, pero al primero de esos personajes se le atribuye la reflexión de que "resulta extremadamente difícil aguantarle dos años de adulación y bajeza a un político mexicano". Los que saben de sicología explican la fragilidad de los poderosos ante el halago con la noción de que los seres humanos tenemos algo de narcisismo para equilibrar el instinto de autodestrucción, de modo que cuando un extraño coincide con lo que pensamos ya tiene andada una buena parte del camino.

 La necesidad de ponerle un punto final a la práctica del presidencialismo persiste y pasa por encima de todos los alegatos. La verdad es que se abusó y se abusa de él; que el pueblo mexicano está cansado de la prepotencia, que en ocasiones no es tanto del gobernante en turno como de quienes le rodean, pero de todas maneras a él es a quien se hace responsable por el silogismo de que si es capaz de echarlo a caminar debería ser capaz también de pararlo, y si no lo hace es porque no quiere; que al ejemplo de las Cuatro Hermanitas, cuyos jefes de estado practican un absolutismo solo ligeramente velado, pueden oponerse las evidencias de que el balance de los poderes dentro de un estado democrático funcionan sin problemas graves Y con grandes ventajas en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y otra decena de países que no tienen mucho que envidiar en materia de prosperidad y que representan desde la izquierda moderada hasta el conservadurismo, y desde las repúblicas hasta las monarquías.

El presidencialismo tiene desventajas políticas, económicas, sociales y de toda índole. Varios de los candidatos de la oposición a la presidencia lo impugnaron durante sus campañas, unos de frente y otros por inferencia; pero ninguno fue tan incisivo como el licenciado Antonio Ortiz Salinas, que en una conferencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en diciembre de 1987, citó un caso que nadie puede ignorar.

Dijo que, en marzo de 1982, el entonces presidente José López Portillo pidió a dos personas que estudiaran "opciones para encarar la crisis económica". Esa pareja, en la que no estaban representados Hacienda y el Banco de México, le propuso en abril del mismo año la "nacionalización" de la banca, que de hecho ya era nacional. López Portillo solicitó luego la opinión de otras dos personas, a las que casi llegó a juramentar para que guardaran el secreto.

La noche del día último de agosto, el gobernante dio a conocer su decisión a una parte del gabinete, la indispensable para que la medida pudiera ponerse en práctica de inmediato. El día primero de septiembre, antes del informe, lo supieron otros colaboradores. Y allí sigue el texto de Ortiz Salinas:

"Se advierte que en este proceso de toma de decisiones no hubo conocimiento público previo, ni discusión o toma de opinión de otros sectores no intervinieron los funcionarios responsables del sector financiero [del gobierno] ni del sector privado, ni miembros del poder legislativo, ni de los medios de difusión, ni de ningún otro grupo de interés o depresión.

"La decisión fue tomada directa y personalmente por el presidente, sin otra opinión real que la del pequeño grupo encargado de preparar los documentos. La decisión así tomada es un claro ejemplo del presidencialismo en la toma de decisiones y del enorme poder concentrado en manos de una persona, así como evidencia de sus facultades reales de decisión, que le permiten actuar sin necesidad de negociación, consulta u opinión."

En El presidencialismo mexicano, un estudioso a quien ocasionalmente se considera muy cercano a las esferas oficiales muestra que tiene mucha independencia de criterio. El doctor Jorge Carpizo, rector de la UNAM, recuerda en ese libro que en 1976 el poder legislativo autorizó a Luis Echeverría a contratar créditos y empréstitos por 83,222 millones de pesos, pero él se fue de largo hasta 123,557 millones, un exceso del 48%, aparte de 100,000 millones que gastó sin molestarse en pedir la autorización de los diputados.

Conclusión del doctor Carpizo:

"...El presidente dispone en realidad de los fondos públicos como le parece, con una discrecionalidad absoluta, y la Cámara de Diputados ni siquiera se atreve a protestar, sino que busca argumentos para justificar esa situación…"

Y el remache:

"Pocas actitudes son tan peligrosas y tristes: en la práctica mexicana, el presidente y sus colaboradores no están sujetos a ningún control respecto a los gastos públicos, ni en cuanto a los empréstitos y créditos."

Queda todavía la sensacional sorpresa de otro estudioso del Derecho, cuyo nombre guardaremos para el final del capítulo. El jurista dice: "Creemos... con Montesquieu, que todo hombre investido de poder normalmente tiende a su abuso, y que es necesario implantar mecanismos institucionales que lo limiten".

(¿Para qué implantar otros, si los que existen serían suficientes? ¿Qué hay de malo con la división de poderes y con el respeto que el ejecutivo debería tenerles al legislativo y al judicial? ¿Para qué están allí, ya desde el enfoque de la organización de un estado democrático, las organizaciones intermedias de la sociedad civil, como los medios de información independientes, las agrupaciones gremiales, las cámaras empresariales y los clubes de servicio, para no mencionar sino unos cuantos? Hay un motivo para este pequeño olvido, pero lo veremos más tarde).

Mientras tanto continúa:

"El sistema mexicano es puramente presidencialista. El jefe del Ejecutivo federal es el mismo tiempo jefe del Estado y jefe del gobierno. La dirección política del gobierno federal es determinada libremente por el presidente, con independencia del poder legislativo; los colaboradores del presidente... son... auxiliares dependientes de su único titular... el presidente es políticamente independiente del congreso de la unión; esto es, no tiene que sujetarse a su opinión para imprimir a su gobierno las directrices que juzgue conveniente."

El hasta ahora incógnito jurisperito tiene más que decir:

"De manera directa o indirecta, el jefe del Ejecutivo controla también los nombramientos y el funcionamiento general del amplio sector público dependiente del gobierno federal."

En tres de los párrafos siguientes de su libro, el autor deja ver un poquito más de su pensamiento:

"Un fenómeno importantísimo para comprender la realidad del sistema político mexicano y el papel de la presidencia de la República es la organización del Partido de la Revolución Mexicana [quiso decir Partido Nacional Revolucionario] en 1929.

"Esta situación ha erigido al presidente de la República en el foco central de la vida política mexicana. El partido dominante [se refiere al PRI] provee la mayoría de los miembros del congreso de la unión, de las legislaturas de los estados y de los gobernadores de éstos, así como de los órganos municipales…

"De esta manera, el presidente de la República es constitucionalmente jefe del Estado y jefe de gobierno; políticamente es el jefe del partido dominante del país y árbitro de los diversos intereses que... presionan el poder público para obtener de éste actitudes y medidas benéficas para cada sector."

Y ahora sí, el título del libro: Estudios de Derecho Constitucional, editado por Porrúa en 1980.

Y el nombre del autor: Miguel de la Madrid Hurtado.

El rector Jorge Carpizo, por su parte, comentó: 

"El jefe real del PRI  es el presidente de la República, y nadie lo discute o duda... El hecho de ser jefe real... [le] otorga una serie de facultades situadas más allá del margen constitucional, como son... la designación de su sucesor, el nombramiento de los gobernadores, los senadores, de la mayoría de los diputados, de los principales presidentes municipales…"

Y allí es donde el rector de la UNAM abre la puerta para que entren los asegunes, porque a continuación dice que: 

"...es claro que el presidente saliente escoge a su sucesor, y tiene para ello un margen de libertad muy amplio; quizás su única limitación sea que el escogido no vaya a ser fuertemente rechazado por amplios sectores del país, lo que en realidad es difícil, o que... cometa un disparate garrafal."

Parte de la omnipotencia presidencial se comunica de alguna manera a los subalternos. En la ya célebre junta en la Universidad de California -donde los segundos de a bordo de los tres candidatos más populares sostuvieron el debate que sus jefes no quisieron tener en México-, Víctor Manuel Camacho Solís respondió que el PRI es muy fuerte porque tiene la mayoría de los votos, y al ejército de su parte.

(Tomado de: Teissier, Ernesto Julio. Ya nunca más México en 1989. Política mexicana. Editorial Grijalbo, S.A., México, Distrito Federal, 1989)