Salinas de Gortari II El protector de los pobres

Segunda parte 

Su México

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EL PROTECTOR DE LOS POBRES

En un tiempo abundaron las personas convencidas de que Carlos Salinas de Gortari era un estadista genial por haber concebido y puesto en práctica el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual representaba un invaluable recurso para sacar de la miseria a los millones de individuos que desde la época en que florecieron Teotihuacán y las prodigiosas urbes mayas, han pululado en la tierra ocupadas hoy por la república mexicana. Entre las virtudes que se atribuyeron al PRONASOL, destacaba la de estar basado en las decisiones propias de la gente beneficiada, no en imposiciones de la burocracia federal; en el hecho de que no repartía dádiva simplemente, sino que los beneficiarios aportaban trabajo manual para la realización de las obras y, sobre todo, en que los fondos gastados en el programa no provenían del ingreso fiscal normal, sino de los sobrantes que dejó la gran venta de empresas paraestatales realizada durante el sexenio, sobrantes que, de haber sido arrojados de manera torpe a la masa de dinero circulante, habrían sido consumidos por la inflación sin mayor provecho para el país.

Al terminar el sexenio, el PRONASOL había devorado 52,000 millones de nuevos pesos y había hecho posible la realización de 523,000 "obras y acciones de carácter social", como aulas, banquetas, puentes, el remozamiento de placitas pueblerinas, la pavimentación de algunas calles, la dotación de sistemas de drenaje y agua potable, más el otorgamiento de becas para alumnos de primaria muy pobres, que consistían en una pequeña despensa y cien pesos mensuales. Efectivamente, el programa aportó algunos beneficios para cientos de miles de pobres, pero la situación en general apenas varió y el problema de la miseria siguió tan acuciante como siempre.

Entre las principales críticas que se hicieron al PRONASOL figuran la de ser un recurso para aportar votos al PRI; que gran parte del dinero invertido se gastara en mantener al ejército de burócratas encargado de llevar a la práctica el programa, y sobre todo que no hubiera erradicado la miseria.

En efecto, millones de ciudadanos deben haberse sentido inclinados a votar por un partido que les entregaba algunas migajas en lugar de hacerlo por otro que sólo les endilgaba discursos. Pero era absurdo esperar que el PRI emprendiera programas destinados a conseguir votos para un partido rival. Y por supuesto, gran parte de los 52,000 millones de nuevos pesos invertidos fueron despilfarrados o robados por la burocracia. Qué otra cosa podría esperarse de un programa gubernamental?

En la época colonial quiero se la pasaba sermoneando a la población con peticiones de que le entregaran dinero "para socorrer a los pobres", y a la postre solo creó unas cuantas instituciones roñosas de caridad mientras algunos arzobispos y obispos obtenían rentas que, según el barón de Humboldt, sobrepasaban a las asignadas a muchos príncipes de Alemania. Salinas, aprovechando la inagotable masa de bobos que ofrece el país, no hizo más que continuar la tradición y tomar su tajada del lucrativo negocio de socorrer a los pobres. Contrariamente a lo que se dice, jamás articuló la absurda promesa de erradicar la miseria en un sexenio.

Todos los gobiernos de todas las épocas han tenido como objetivo principal el de esquilmar a los gobernados con impuestos y repartirse el dinero entre los gobernantes; si en los países avanzados la repartición del botín fiscal se realiza de manera más decorosa que en México, es porque su ciudadanos han impuesto a los gobernantes una infinidad de candados que automáticamente reducen a lo tolerable el nivel de robo social, y si la sociedad mexicana no ha impuesto más candados de ese tipo, la culpa recae más en el subdesarrollo que en la persona de los gobernantes.

Milenio y medio se pasó la Iglesia compadeciéndose de los pobres y pidiendo dinero para redimirlos sin que la situación mejorara de manera apreciable. El gobierno mexicano ha hecho lo mismo desde 1917, y si la miseria no ha empeorado, al menos se puede afirmar que México no ha dejado de ser uno de los países con mayores índices de miseria en el mundo y que ni los más optimistas creen que el flagelo se pueda suavizar a corto plazo.

Ningún gobierno de ninguna época ha erradicado jamás la miseria de su pueblo; las naciones que hoy gozan de elevados niveles de vida deben su bienestar al hecho de que estimularon la producción, crearon millones de empleos y con esto vino la abundancia. Si en la Alemania o el Japón de posguerra un político hubiera sugerido gastar 17,000 millones de dólares -a eso equivale lo devorado por PRONASOL- en hacer obras de caridad entre la población -aunque ésta se moría literalmente de hambre y de frío- lo más probable es que lo hubieran metido a un manicomio. Por lo menos a nadie se le habría ocurrido confiarle un puesto de dirección en el gobierno.

Con los 52,000 millones de nuevos pesos despilfarrados en PRONASOL se hubiera podido financiar el surgimiento de -muy a grosso modo, por supuesto- 52,000 empresas -comercios, talleres, pequeñas fábricas, etc.-  con el nada despreciable capital de un millón de nuevos pesos cada una. Estas empresas podrían haber creado cientos de miles o tal vez un millón de nuevos empleos y habrían estado obligadas a amortizar el capital que se les prestó, habrían pagado impuestos junto con sus empleados, y de esta manera se habrían obtenido más recursos para bajar impuestos o promover otras actividades productivas. A los pobres les habría sido más benéfico disponer de nuevas fuentes de trabajo que poder pasearse por la calle recientemente pavimentada de su pueblo. Claro, para los miles de burócratas empleados en PRONASOL no habría habido "chamba", pero la ley de la necesidad quizá los habría obligado a buscarse un empleo más dignificante o hasta crear una pequeña empresa aprovechando los recursos que se facilitaran para promover la producción.

Gemelo de PRONASOL fue PROCAMPO, otro armatoste destinado a subsidiar a los campesinos más pobres, en el cual se gastaron 11,700 millones de nuevos pesos sólo en 1994. Atrás del programa, además de ganar votos para el PRI, estaba el deseo de ayudar a los campesinos a competir con los agricultores extranjeros que, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, podrían incrementar sus exportaciones a México.

A lo largo de toda la frontera con Estados Unidos se observa un desconcertante fenómeno: al norte, donde se pagan los salarios más altos a los peones, los agricultores pueden vender -por ejemplo- el maíz que producen a un precio inferior hasta en un 50% al que pueden venderlo los agricultores mexicanos, y aún así los del norte obtienen utilidades que les permiten pagar impuestos sobre la renta y vivir con gran comodidad ellos y sus familias. Al sur, en tierras de la misma calidad, sujetas al mismo régimen climático y con la ventaja de que los peones ganan salarios más bajos y los ejidatarios recibieron las tierras gratuitamente y no pagan impuestos, se considera imposible competir en precio con los norteamericanos.

Los economistas del gobierno suelen afirmar que la desventaja está en que los agricultores norteamericanos reciben subsidios que no disfrutan los mexicanos, pero tales subsidios se les han pagado a cambio de que mantengan ociosas sus tierras y así dejen de producir, porque no habría mercado para absorber las fantásticas cantidades de granos que podrían obtenerse si se activaran todas las tierras norteamericanas, en tanto que los ejidatarios mexicanos suelen recibir pequeños préstamos que generalmente nunca pagan (y los líderes se benefician con tajadas de esos mismos préstamos), con lo cual el consumidor mexicano tiene que pagar altos precios por el producto nacional y de ribete aportar, por la vía de los impuestos, cantidades enormes de dinero para financiar el déficit de los bancos y subsidiar a los productores ineficientes.

Cuesta trabajo criticar a los ejidatarios, seres pobres entre los mexicanos más pobres, pero la verdad es que el corrupto régimen ejidal los ha convertido en "parásitos que ni comen ni dejan comer", como suelen decir los campesinos trabajadores. El mal estaba hecho desde antes que naciera Salinas, de modo que no puede achacársele a él la responsabilidad; más bien, al reformar el artículo 27 constitucional para permitir la compraventa de algunos terrenos ejidales, Salinas tomó una medida que podría ser útil a largo plazo para ser más eficiente el campo mexicano.

Salinas fue acusado de traición a la patria por haber reformado el artículo 27, y lo mismo sucedió al discutirse la conveniencia de privatizar la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, a pesar de que todo el mundo conoce los negocios que se hacen a la sombra de esa empresa: cobro de fuertes comisiones por facilitar la importación de productos extranjeros, venta con elevada pérdida del mismo producto a los favoritos y hasta "jineteo" y robos del dinero que se debe pagar a los productores nacionales. Por supuesto, los acusadores de Salinas fueron los burócratas a quienes perjudicaría la privatización de CONASUPO y -aunque parezca increíble- las acusaciones encontraron eco nada menos que entre los contribuyentes a quienes se ha hecho creer que la diabólica institución beneficia a los pobres.

En efecto, el país tiene ganas de creer que el gobierno puede redimir a los pobres y debe hacerlo. Esta patraña surgió durante el virreinato, se reforzó con el estallido de la revolución mexicana y no se sabe si algún día podrá erradicarse, pues ahora son más numerosos los burócratas empeñados en difundirla.

Una causa más palpable de la miseria que aflige a los mexicanos es el número de burócratas que deben sostener, el cual, sólo por lo que se refiere a los afiliados al ISSSTE, pasó de 134,352 en 1962 a 430,482 en 1970, a 1,086,872 en 1976, a 1,582,114 en 1982, a 2 millones 100,000 en 1988 y a 2,250,000 cuando terminó el mandato de Salinas, pese a que el número debió haber bajado por la publicitada supresión de algunas dependencias federales. Más aún, durante el sexenio de Salinas la tajada del presupuesto federal dedicada al pago de la nómina burocrática pasó del 23.2% en 1988 al 40.2% en 1994 sin que surgiera un clamor público de censura, pues la gran aspiración de la mayoría de los mexicanos parece seguir siendo la de beneficiarse con algún gaje burocrático.

Las cifras no incluyen a las fuerzas armadas, ni a los empleados de las paraestatales, ni a los empleados supernumerarios. Conservadoramente se puede calcular que el gran total asciende a más de cuatro millones, de los cuales por lo menos la mitad no desempeñan ningún trabajo útil si es que no resultan nocivos. Tal es el caso de los pequeños burócratas que acechan tras sus ventanillas la oportunidad de extorsionar a los ciudadanos cobrándoles "mordida" por poner un sello o simplemente por no inventar dificultades para los trámites, pues esos individuos impiden que mucha gente abra negocios creadores de empleos productivos, y por ello millones de mexicanos queden condenados a no tener ni quien los explote -si se admite que todo es una explotación- y obligados a marchar a Estados Unidos en calidad de braseros indocumentados.

Como las cucarachas, los burócratas que viven de fastidiar a los ciudadanos independientes suelen ser más perjudiciales por lo que echan a perder que por lo que se comen. El elevado costo de los trámites, más los altos impuestos, desestimula la creación de empleos en el país, y la abundancia de burócratas de mediana o alta categoría que han amasado desde capitales importantes hasta inmensas fortunas constituyen un constante recordatorio de que el gran negocio que puede hacerse en México es el de medrar desde el gobierno. Los que se resuelven a intentar la creación de una empresa industrial o comercial suelen ser vistos como tontos o ilusos y de esta manera se desestimula aún más la actividad productiva.

Salinas emprendió un esbozo de reforma administrativa mediante el cual las cinco leyes con 895 enredosos artículos que regulaban la actividad agropecuaria fueron reducidas a dos leyes con 230 artículos; los 118 artículos de la antigua ley federal de pesca bajaron a 30; la ley de turismo bajó de 108 artículos a 55; la ley forestal de 90 a 58, la minera de 109 a 59 y las cuatro leyes que permitían al gobierno intervenir en la economía, con 113 artículos, fueron fundidas en una sola con 39 artículos. Salinas merece un aplauso por esta labor y sólo se le debe censurar que no haya agilizado más los trámites ni haya procurado que los inspectores dejen de molestar a los ciudadanos que operan dentro de la ley.

Hasta dónde se puede atribuir a Salinas la culpa de que siga prevaleciendo la miseria en México, y hasta dónde recae la responsabilidad sobre la sociedad mexicana por no haber sido capaz de controlar a sus gobernantes, es una cuestión que podría discutirse largamente y desde varios ángulos, pero la conclusión definitiva debe ser que el problema data de siglos y que, al no resolverlo, la culpa no fue toda de Salinas. Si Salinas dejó al país sumido en la miseria, también es cierto que no lo recibió en la opulencia ni mucho menos.

(Tomado de: Ayala Anguiano, Armando - Salinas y su México. Contenido ¡Extra! México de carne y hueso. Segunda parte. Deslinde de culpas. Editorial Contenido, S. A. de C. V. México, D. F., 1995)